Comunicado Red Nacional de Laicas y Laicos de Chile sobre convenio Fundación Para La Confianza y la Pontificia Universidad Católica
Con fecha 23 de agosto de 2019, los secretarios ejecutivos de la Red Nacional de Laicas y Laicos de Chile, Mirena Romero y Juan Carlos Claret, sostuvieron un encuentro de una hora con parte del equipo ejecutivo de la Fundación para la Confianza, representados por José Andrés Murillo y Valentina Correa.
El motivo de la reunión fue transmitir formalmente las inquietudes y preocupaciones que provocó en las comunidades a lo largo del país, el convenio “Cuida” suscrito entre la Fundación para la Confianza y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, conocer de primera fuente por parte del Director de la Fundación, el sentido y alcance de dicho acuerdo.
Asumiendo que la Fundación en tanto persona jurídica de derecho privado goza de autonomía y no está obligada a atender nuestra solicitud ni responder nuestras inquietudes, el encuentro se dio en un ambiente de franqueza, respeto y receptividad.
Al respecto, los secretarios ejecutivos centraron su exposición en tres aspectos:
1. Persona: la firma del convenio inquieta porque desde hace mucho tiempo que Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, dejaron de representarse a si mismos para ser rostros públicos y simbólicos de una lucha que trasciende el caso Karadima como lo es la búsqueda de la verdad, justicia y reparación ante el abuso sexual. Entonces, la ausencia de una explicación pública que precisara el sentido y alcance de lo firmado, desconcertó legítimamente a todos aquellos que apoyan y confían el trabajo de ellos.
2. Momento: de igual modo, el convenio preocupa porque el momento en el que se firma es particularmente delicado. Desde que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidiera traspasar las causas a la Fiscalía Local Centro Norte, encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz, con preocupación hemos visto cómo declaraciones de sobrevivientes han sido filtradas a la prensa y se han postergado, sin causa conocida, las formalizaciones de sacerdotes y obispos las que, hasta hace unos meses, eran inminentes. Entonces, al caer la fundación en la desconfianza pública, quienes se han desvivido para que todos estos delitos se conozcan en justicia, sienten que pierden a un aliado cuando se necesitan más actores socialmente relevantes que impidan al Ministerio Público ceder a todo tipo de presiones externas e internas.
3. Lugar: reconocemos que el problema no es la Fundación sino la institución con la que se suscribe el acuerdo, pues la Pontificia Universidad Católica de Chile es funcional a la Jerarquía de la Iglesia Católica, o sea, precisamente de quienes deben ser procesados penalmente. Más desconcertante aún, es que se firme sin que la Fundación verbalice públicamente un diagnóstico de la institución que amparará su centro de investigación. Esto, porque es un hecho público y notorio la política institucional de dicha Universidad tendiente a perseguir teólogos, discriminar la diversidad sexual, ser los formadores de los clérigos y otros actores políticos hoy día en entredicho penal y ético, haber minimizado denuncias de índole sexual, realizar investigaciones que atentan contra el interés superior del niño, realizar encuestas revictimizantes y morbosas a víctimas de abusos con el pretexto de investigación académica, entre otros. Entonces, pactar con ellos sin explicitar una postura sobre estos hechos, inevitablemente genera desconfianza o miedo a que dicho interlocutor obtenga más que los intereses públicamente manifestados por su rector. Si ven que pueden incidir en la UC para que esto no ocurra más, ¿por qué no lo dicen? Y en todo esto, preocupa que la Universidad Pública no se asome como interesada en investigar sobre estos hechos que han remecido a la sociedad, a la Iglesia y al mundo.
En el diálogo, José Andrés Murillo agradeció la instancia, se mostró receptivo a las preocupaciones transmitidas y valoró el disenso sobre la decisión de la Fundación. Reafirmó que el centro de sus acciones es la lucha contra el abuso sexual infantil siendo la Iglesia uno de los espacios donde ocurren estos crímenes. De ese modo, indistintamente las intenciones de las instituciones que soliciten su trabajo, si logran apreciar que aquello les permitirá incidir a favor de personas abusadas y que podrán trabajar en la creación de ambientes sanos y seguros, consideran que éticamente es un deber hacer algo.
Asimismo, aclaró que el propósito del convenio CUIDA, es crear un centro de investigación con criterios éticos y rigurosidad científica para levantar información que en Chile no existe en la actualidad. En ningún caso es una fusión con la Universidad, la que servirá de soporte institucional a dicho centro.
Así también, aclaró que los procesos judiciales donde la Fundación está presente no mermaran y perseverarán en buscar que la justicia chilena cumpla y sancione a los culpables de abuso o encubrimiento, tengan las investiduras que tengan. Están convencidos que sólo las acciones que día a día realiza la Fundación, será el mejor testimonio que no están sujetos a condicionantes por parte de la UC.
Al concluir, Romero y Claret también agradecieron la instancia y se comprometieron a seguir canalizando en este estilo las inquietudes e ideas de las comunidades integrantes de la Red Nacional de Laicos y Laicas frente a instituciones con las que se
El motivo de la reunión fue transmitir formalmente las inquietudes y preocupaciones que provocó en las comunidades a lo largo del país, el convenio “Cuida” suscrito entre la Fundación para la Confianza y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, conocer de primera fuente por parte del Director de la Fundación, el sentido y alcance de dicho acuerdo.
Asumiendo que la Fundación en tanto persona jurídica de derecho privado goza de autonomía y no está obligada a atender nuestra solicitud ni responder nuestras inquietudes, el encuentro se dio en un ambiente de franqueza, respeto y receptividad.
Al respecto, los secretarios ejecutivos centraron su exposición en tres aspectos:
1. Persona: la firma del convenio inquieta porque desde hace mucho tiempo que Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, dejaron de representarse a si mismos para ser rostros públicos y simbólicos de una lucha que trasciende el caso Karadima como lo es la búsqueda de la verdad, justicia y reparación ante el abuso sexual. Entonces, la ausencia de una explicación pública que precisara el sentido y alcance de lo firmado, desconcertó legítimamente a todos aquellos que apoyan y confían el trabajo de ellos.
2. Momento: de igual modo, el convenio preocupa porque el momento en el que se firma es particularmente delicado. Desde que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidiera traspasar las causas a la Fiscalía Local Centro Norte, encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz, con preocupación hemos visto cómo declaraciones de sobrevivientes han sido filtradas a la prensa y se han postergado, sin causa conocida, las formalizaciones de sacerdotes y obispos las que, hasta hace unos meses, eran inminentes. Entonces, al caer la fundación en la desconfianza pública, quienes se han desvivido para que todos estos delitos se conozcan en justicia, sienten que pierden a un aliado cuando se necesitan más actores socialmente relevantes que impidan al Ministerio Público ceder a todo tipo de presiones externas e internas.
3. Lugar: reconocemos que el problema no es la Fundación sino la institución con la que se suscribe el acuerdo, pues la Pontificia Universidad Católica de Chile es funcional a la Jerarquía de la Iglesia Católica, o sea, precisamente de quienes deben ser procesados penalmente. Más desconcertante aún, es que se firme sin que la Fundación verbalice públicamente un diagnóstico de la institución que amparará su centro de investigación. Esto, porque es un hecho público y notorio la política institucional de dicha Universidad tendiente a perseguir teólogos, discriminar la diversidad sexual, ser los formadores de los clérigos y otros actores políticos hoy día en entredicho penal y ético, haber minimizado denuncias de índole sexual, realizar investigaciones que atentan contra el interés superior del niño, realizar encuestas revictimizantes y morbosas a víctimas de abusos con el pretexto de investigación académica, entre otros. Entonces, pactar con ellos sin explicitar una postura sobre estos hechos, inevitablemente genera desconfianza o miedo a que dicho interlocutor obtenga más que los intereses públicamente manifestados por su rector. Si ven que pueden incidir en la UC para que esto no ocurra más, ¿por qué no lo dicen? Y en todo esto, preocupa que la Universidad Pública no se asome como interesada en investigar sobre estos hechos que han remecido a la sociedad, a la Iglesia y al mundo.
En el diálogo, José Andrés Murillo agradeció la instancia, se mostró receptivo a las preocupaciones transmitidas y valoró el disenso sobre la decisión de la Fundación. Reafirmó que el centro de sus acciones es la lucha contra el abuso sexual infantil siendo la Iglesia uno de los espacios donde ocurren estos crímenes. De ese modo, indistintamente las intenciones de las instituciones que soliciten su trabajo, si logran apreciar que aquello les permitirá incidir a favor de personas abusadas y que podrán trabajar en la creación de ambientes sanos y seguros, consideran que éticamente es un deber hacer algo.
Asimismo, aclaró que el propósito del convenio CUIDA, es crear un centro de investigación con criterios éticos y rigurosidad científica para levantar información que en Chile no existe en la actualidad. En ningún caso es una fusión con la Universidad, la que servirá de soporte institucional a dicho centro.
Así también, aclaró que los procesos judiciales donde la Fundación está presente no mermaran y perseverarán en buscar que la justicia chilena cumpla y sancione a los culpables de abuso o encubrimiento, tengan las investiduras que tengan. Están convencidos que sólo las acciones que día a día realiza la Fundación, será el mejor testimonio que no están sujetos a condicionantes por parte de la UC.
Al concluir, Romero y Claret también agradecieron la instancia y se comprometieron a seguir canalizando en este estilo las inquietudes e ideas de las comunidades integrantes de la Red Nacional de Laicos y Laicas frente a instituciones con las que se
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